En el marco de la profunda crisis internacional, tanto el gobierno nacional como provincial vienen impulsando una serie de medidas represivas, criminalizando a los sectores populares que manifiestan en las calles su resistencia a las políticas de despidos, suspensiones, salarios de miseria y precarización laboral, mientras los índices de pobreza no dejan de empeorar.
En consonancia con la reacción política nacional y provincial ante la creciente protesta social, en distintas universidades públicas del país se han comenzado a aplicar una serie de medidas tendientes a atacar la organización de estudiantes, trabajadores docentes y no-docentes que defienden la Educación Pública frente a los embates de las políticas antieducativas y privatizadoras.
La UNS no es ajena a este proceso político-económico. Estamos inmersos en una realidad signada por el ahogo presupuestario, que se manifiesta en una permanente precarización del trabajo universitario, tanto del personal docente, mediante designaciones interinas o por contratos semestrales, que conllevan la ausencia de estabilidad laboral y de una carrera docente que defina condiciones de ingreso, permanencia, promoción y retiro; como también de la planta no docente, quienes sufren la política de tercerización de las funciones de maestranza, limpieza y seguridad, que destruye los puestos de trabajo genuino, reemplazándolos con millonarios contratos con empresas privadas. Por otra parte, la ausencia de un plan masivo de becas que dé respuesta a la alarmante deserción estudiantil, no hace más que expulsar en los primeros años de las carreras a más del 50% de los ingresantes (a lo que se suma el constante aumento de los materiales de estudio y de los alquileres, la falta de un boleto universitario, etc.)
En este contexto de derrumbe de la Universidad Pública, y frente a la consumación de algunos hurtos de elementos de trabajo en los edificios de la UNS, el C.S.U. (Consejo Superior Universitario), entre gallos y medianoches, aprobó un proyecto que vendría a resolver este problema de “inseguridad”. Proyecto resuelto e impuesto con una celeridad propia de las reacciones intempestivas, aprobado de espaldas a la comunidad universitaria, sin la más mínima discusión con los estudiantes y trabajadores de este ámbito. Así fue que dicho proyecto resultó totalmente contradictorio con los principios básicos de una Universidad Publica. El eje estuvo puesto en la imposición de políticas de control y avasallamiento de las libertades democráticas más fundamentales, colocando cámaras de vigilancia, agentes de seguridad privada que circulan por los pasillos y entran a las aulas y gabinetes, y credenciales de identificación, cuando lo que la universidad necesita son puestos de trabajo genuino, becas y un mayor presupuesto que ponga fin a las precarias condiciones laborales, al derrumbe edilicio (principalmente en 12 de octubre y San Juan) y a la deserción estudiantil. Y como si esto fuera poco, el denominado “Plan Integral de Seguridad para la UNS”, diseñado por la Secretaria Legal y Técnica, no es más que una burda copia que hicieron, con absoluta irresponsabilidad, de un texto publicado en una página web que funciona como archivo de monografías varias. (http://www.monografias.com/trabajos71/teconolgias-proteccion-edificios-publicos/teconolgias-proteccion-edificios-publicos2.shtml)
Frente a este avance de las autoridades universitarias contra la Universidad Pública, se desarrolló un proceso de asambleas, movilizaciones y cortes de calle, que derivó en la Asamblea Interclaustros del último jueves 10 de diciembre, que contó con la presencia de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes de toda la universidad, como así también estudiantes y personas del ámbito extrauniversitario que se acercaron para discutir y organizarse, movidos por la preocupación generada por las medidas adoptadas.
Luego de un largo debate que recoge dos meses de movilización y discusión, la Asamblea Interclaustros se pronunció por:
El total repudio a la instalación de cámaras de seguridad en los pasillos de la UNS, considerando que dicha medida no solo resulta ineficiente para cumplir con su presunto objetivo, dispensando cuantiosos recursos públicos, sino que fundamentalmente significará una intromisión intolerable en la vida y el trabajo académico, restringiendo las libertades de circulación y de organización de Docentes, No-Docentes y Estudiantes.
Son necesarias medidas acordes a las características de cada edificio y en consonancia con los principios básicos de una universidad pública. Comenzando por el arreglo de la mampostería y estructura que en algunos edificios significan un peligro permanente a la seguridad de las personas.
La inversión de presupuesto con miras a revertir las pésimas condiciones edilicias, comenzado por el arreglo y colocación de cerraduras, picaportes, ventanas, vidrios, correas, cortinas aseguramiento de puertas, pedido tantas veces realizado como desoído por las autoridades de la UNS.
La colocación de alarmas y cerraduras electrónicas en aquellos lugares de guarda y almacenamiento de equipos y material de laboratorio así como la instalación de Chips en instrumentos itinerantes (pantallas notebooks etc.).
El rechazo a la implementación de credenciales magnéticas como medio de identificación, a través del cual se permitiría el acceso a las instalaciones de la Universidad solo a los Docentes y Estudiantes; vedando con ello la asistencia de la comunidad entera a los ámbitos académicos en los que frecuentemente se realizan clases, charlas y conferencias publicas; contribuyendo con dichas medidas a ensanchar la brecha que separa a la Universidad Publica de la sociedad que la sostiene y ante la cual tiene el deber de servir y responder.
El repudio de la precarización del empleo universitario mediante la contratación de empresas que tercerizan servicios. Exigimos el retiro de las empresas de seguridad privada, que necesitan del delito para lucrar, y de la empresa de limpieza que somete a los trabajadores a larguísimas jornadas laborales a cambio de salarios de miseria. Exigimos la reasignación del millonario presupuesto, hoy destinado a los contratos con estas empresas, para incrementar los puestos de trabajo no docente, que son los legitimados para velar por el patrimonio de la UNS.
El AUMENTO DEL PRESUPUESTO GENUINO. Repudiamos la lamentable decisión del Rector y del CSU de permitir el financiamiento alternativo de la educación pública en base a la aceptación de fondos provenientes de empresas privadas interesadas en tener una Universidad acorde a sus intereses, más cuando son las Universidades Nacionales quienes por ley fueron encomendadas a la tarea de evaluar el impacto ambiental que producen dichas empresas con sus actividades contaminantes. Ya varias universidades y distintas facultades de todo el país se han manifestado contra de la aceptación de dichos fondos provenientes de las regalías mineras, aunque lamentablemente la U.N.S. fue nuevamente una excepción.
La reafirmación del carácter independiente y autónomo de los centros de estudiantes, como los espacios de organización propios de lo estudiantes. Nos oponemos a las prácticas fraudulentas de agrupaciones estudiantiles en alianza permanente con el Rectorado.
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